Intérpretes y juicios
Si nos atuviéramos a las noticias que últimamente se publican sobre la intervención de intérpretes en algunos juicios de especial relevancia informativa, cualquiera podría llegar a la conclusión de que no hay profesionales traductores capaces de dar un buen servicio de interpretación entre la lengua vasca y el castellano.
Los hay, y muy buenos, pero da la impresión de que la Administración de Justicia pone serios reparos a la hora de retribuir a sus intérpretes a un nivel realmente profesional. En EIZIE (Asociación de Traductores, Correctores e Intérpretes de lengua vasca), tenemos constancia de que la Audiencia Nacional, por poner un ejemplo, rehúsa pagar las tarifas convencionales a los intérpretes que contrata, por considerarlas «demasiado costosas». Así las cosas, no es de extrañar que cuando pretenda reclutar intérpretes, al no poder exigir ningún criterio de calidad, obtenga principiantes o, simplemente, advenedizos. Cosa que ocurre no sólo con respecto a la lengua vasca, sino también respecto a otras muchas lenguas, entre ellas el rumano, kurdo, árabe, etc.
Sucede, además, que, sometido a condiciones de trabajo penosas y poco razonables, hasta el mejor intérprete profesional puede errar. Largas horas de trabajo continuado, en un ambiente muchas veces cargado de tensión; medios materiales de trabajo adversos, que no garantizan la intimidad del intérprete; y remuneración escasa son enemigos acérrimos del intérprete profesional.
El euskera es una lengua cuyo uso está amparado por la Constitución. El derecho de los ciudadanos a expresarse en lengua vasca ante un tribunal de justicia lleva aparejada, a nuestro entender, la obligación del mismo de proporcionar un servicio de interpretación adecuado. En ocasiones, de ello puede depender en buena parte el derecho a la tutela jurídica efectiva.
Conocer dos idiomas no convierte a nadie en traductor o intérprete, lo mismo que saber de leyes no da automáticamente derecho a ser juez. Las insistentes noticias sobre «desafortunadas traducciones» de intérpretes ante tribunales de justicia no ayudan, desde luego, a dar una buena imagen de nuestra profesión ante la sociedad. Creemos que los organismos oficiales, y especialmente la Administración de Justicia, deben adoptar las medidas necesarias para solucionar cuanto antes esta situación.
Joseba Ossa, Presidente de EIZIE (www.eizie.org)
