El multilingüismo en la Unión Europea
El próximo año, la Unión Europa (UE) se ampliará de quince a veinticinco miembros. Entre otras muchas consecuencias, los integración de diez nuevos miembros pondrá en serios aprietos el multilingüismo en la Europa unida: las diez lenguas oficiales que se sumarán a las 11 ya existentes en las instituciones europeas harán que el régimen de multilingüismo se convierta en empresa de complicada gestión.
Países y lenguas
En la actualidad la Unión Europea la componen quince miembros (por orden de su incorporación a la Unión): Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos (miembros fundadores, 1958); Dinamarca, Irlanda, Reino Unido (1973); Grecia (1981); España, Portugal (1986); Austria, Finlandia y Suecia (1995). Con estos quince miembros, conforme a los tratados de la Unión, hay 11 lenguas oficiales, en concreto: alemán, francés, italiano, holandés, danés, inglés, griego, español, portugués, finlandés y sueco. Salta a la vista que estas once lenguas no son, ni mucho menos, todas las lenguas habladas en el seno de la Unión Europea, ni tan siquiera todas las lenguas oficiales en los quince estados miembros. Está por un lado el gaélico de Irlanda, considerado oficial en la UE tras la integración de Irlanda, pero que nunca ha tenido estatuto de lengua de trabajo. Por otro, están las lenguas sin estado, que aun a pesar de tener reconocida su oficialidad dentro de alguno de los estados miembros, nunca han sido tomadas en consideración (por ejemplo, el catalán, el vascuence o el frisio).
Diez nuevos miembros en 2004
El próximo año, la UE tendrá diez nuevos miembros, que son: Chipre, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Checa y Eslovaquia. A diferencia de los antiguos estados miembros, no ocurre ahora que se comparta lengua entre diferentes países, de manera que la Unión pasará a tener diez nuevas lenguas oficiales. La gestión del régimen multilingüe de la Unión comenzará entonces a sufrir serios problemas, tanto políticos como financieros.
Las normas lingüísticas de la UE
Los tratados y regulaciones que están en la base de la UE no dejan resquicio a la duda: en su seno, todas las lenguas declaradas oficiales gozan del mismo régimen. Así, el artículo 314 del Tratado de la Comunidad Europea establece el principio de multilingüismo en todos los documentos relacionados con el Tratado. El artículo 290 del mismo Tratado, ordena al Consejo Europeo la adopción de medidas lingüísticas concretas para las instituciones comunitarias. Por último, el artículo 2.11 del Tratado de Amsterdam reconoce a las ciudadanas y ciudadanos europeos el derecho a utilizar su propia lengua oficial en las relaciones con los organismos comunitarios.
En suma, desde el punto de vista jurídico no hay lugar para la duda: pronto las lenguas oficiales de la UE serán 21, en régimen de plena igualdad legal.
El coste del multilingüismo
Ello no obstante, surgirán serios problemas en el terreno financiero: la traducción de todos los documentos oficiales de la Unión, y especialmente la interpretación simultánea de las reuniones no será tarea fácil. Nadie se atreve a poner en tela de juicio que la versión final de todos los documentos legales de la UE se hará en las 21 lenguas oficiales, y que habrá servicio de interpretación tanto en las reuniones del Consejo Europeo como del Consejo de ministros. El problema real se presentará en los borradores de documentos y las reuniones de los grupos de trabajo.
Por poner un simple ejemplo: en 2001 se celebraron 4.500 reuniones de trabajo preparatorias de las sesiones del Consejo de ministros. En la actualidad, con 11 lenguas oficiales en su seno, hay en la UE ocho grupos de interpretación capaces de trabajar de once a once. De acuerdo con dicho principio (es decir, realizar la interpretación de todas las lenguas a todas las lenguas), la interpretación de cada reunión cuesta 19.800 euros. A partir del año próximo, de mantenerse dicho principio, el coste de interpretación de cada reunión será de 36.000 euros.
Nadie quiere reconocerlo abiertamente, pero en el seno de la UE está plenamente extendida la convicción de que va a ser imposible continuar con ese sistema. Por si los problemas económicos fueran pocos, hay otro tipo de dificultades nada desdeñables: no hay más que dos salas que cuenten con 20 cabinas de interpretación, en los países que ingresarán el próximo año hay una enorme insuficiencia de intérpretes y traductores capacitados...
En busca de soluciones
El meollo de la cuestión está, sin duda, en el equilibrio de poder entre las lenguas en juego. Lo que se reconoce elegantemente en las leyes (principio de igualdad para todas las lenguas oficiales), es negado a diario por la práctica, y resulta más que evidente que dentro de la UE hay, cómo no, lenguas poderosas y lenguas humildes. El dilema es, ahora, en qué grupo quedará integrada cada lengua de la Unión.
Por su parte, el Parlamento Europeo ha comenzado ya a allanar el camino para una posible solución. Aplicará el principio de multilingüismo de manera suavizada: en algunos casos, el intérprete trabajará no solo hacia su lengua de origen, sino también a la de destino; se utilizarán lenguas pivote (inglés, francés y alemán) para reducir el número de pares de lenguas; y se utilizará un sistema de interpretación a distancia (fuera de la sala de reunión). De esa manera, el coste de interpretación será de 443 millones de euros anuales, para 21 lenguas. Actualmente, para 11 lenguas el coste es de 274 millones de euros anuales; hay, por tanto, una sensible rebaja proporcional.
Suecia ha sido, hasta ahora, el único país en presentar una propuesta de solución al pequeño Babel al que la UE se enfrentará en breve. En términos generales, Suecia propone un sistema de presupuesto fijo asignado a cada país miembro para gastos de traducción e interpretación hacia su lengua oficial. Una vez agotado el dinero destinado, los gastos correrían a cargo del país en cuestión. Alemania ha mediado con una modificación a la propuesta sueca: dividir las 21 lenguas oficiales en dos grupos, uno básico y otro adicional. El grupo básico lo constituirían un mínimo de tres lenguas (inglés, francés y alemán) y un máximo de cinco (las tres citadas, más castellano, italiano y portugués); para ese grupo básico, seguiría rigiendo el actual sistema de traducción e interpretación indiscriminada. El resto, pasaría al sistema de «presupuesto cerrado» propuesto por Suecia.
Lengua y poder
Hace ya tiempo que se alzan voces, especialmente en Gran Bretaña, a favor de que el multilingüismo sea simplificado o, cuando menos, atenuado en la UE. Naturalmente, se han alzado también no pocas voces a favor del principio de multilingüismo, entre otras la de la AIIC, asociación internacional de intérpretes de conferencia.
Sea como fuere, aun reconociendo la veracidad de los obstáculos económicos y logísticos que se oponen a una gestión respetuosa del multilingüismo en la UE, salta a la vista que uno de los rasgos distintivos esenciales de la vieja Europa y de su proyecto unitario es, precisamente, su diversidad cultural y lingüística.
El conflicto es, al fin y al cabo, el del grado de poder e influencia de los países que están detrás de cada una de las lenguas en juego. Conviene no olvidar, por ejemplo, que las lenguas del grupo básico que Alemania propone representan en conjunto la mitad de la población de la UE, y casi un 80% de su PIB. Frente a ello, poco poder podrán tener el maltés, el lituano o el esloveno. O incluso el castellano, que puede verse relegado al grupo adicional.
