Un juez impide a una mujer sorda que cuente con intérprete en un juicio
Esta decisión la tomó el juez del juzgado de Primera Instancia, 50 de Barcelona. Es la cuarta vez que este juzgado impide la presencia de intérpretes en la sala. La presidenta de la Federación de Sordos de Cataluña , Encarna Muñoz, ha denunciado un claro caso de discriminación ante la justicia.
El pasado martes, a Encarna Muñoz se le negó el derecho a testificar en un juicio con la ayuda de un intérprete de Lengua de Signos, por lo que no pudo prestar declaración ante la imposibilidad de comunicarse con el juez.
Esta decisión la tomó el juez del juzgado de Primera Instancia, 50 de Barcelona. En este juzgado ya se ha impedido en cuatro ocasiones durante las últimas semanas que las personas sordas que acuden a declarar se expresen en su propia lengua, con la ayuda de un intérprete de Lengua de Signos.
La Confederación Nacional de Sordos de España considera que, con estas decisiones, se está vulnerando el derecho de este colectivo a gozar de la tutela efectiva de los jueces, un derecho reconocido en la Constitución a todos los españoles. Con ello las personas sordas españolas reciben peor trato que cualquier ciudadano extranjero que se encuentre en nuestro país, ya que a ellos si se les permite contar con un intérprete que les facilite la comunicación en su lengua.
En la actualidad, cuando una persona sorda tiene que testificar en un juicio es el juzgado quien decide la conveniencia de que cuente o no con intérprete. Si el juez decide prescindir del intérprete, la persona sorda debe declarar por escrito. Esta situación perjudica seriamente al colectivo de personas sordas, que en un 80 % padecen analfabetismo funcional y no se expresa por escrito con la misma eficacia que en Lengua de Signos. A esto, hay que añadir la dificultad que entraña la comprensión de los términos jurídicos que se utilizan en cualquier proceso.
En opinión de Carmen Cerezales, secretaria general de la CNSE, existe una situación de desamparo e indefensión ante la justicia. «Este es un atentado contra la dignidad de una persona sorda y por extensión contra todo nuestro colectivo. Cualquier ciudadano suele expresarse mejor hablando que escribiendo, nosotros lo hacemos mejor signando» -señala Cerezales. «Es ilógico e inhumano que nos lo impidan. Esto demuestra que la justicia no es igual para todos. No es ciega, sino sorda ante nuestras necesidades».
La Confederación Nacional de Sordos de España es una organización sin ánimo de lucro que atiende y canaliza los intereses de las personas sordas y sus familias en España. Nacida en 1936, la CNSE se ha ocupado desde su creación de incentivar el desarrollo y la participación social de un colectivo que, históricamente, ha sido excluido y marginado de la sociedad. Declarada de interés público, atiende cualquier necesidad relacionada con el colectivo de personas sordas, estén o no afiliadas a las distintas asociaciones y federaciones que la componen.
Para más información, contactar con Jesús Martín, tel. 91 376 85 60
